El comunicado comienza indicando que: "el comienzo de la puesta en práctica de un cambio tecnológico en el BROU denominado Proyecto “Core” los trabajadores organizados del sector banca oficial denuncian que el proceso, plagado de errores, fallas e incertidumbres, afectará tanto a usuarios como a trabajadores. Para los bancarios significa cambios en las relaciones laborales producto de la multifuncionalidad de tareas, con menores salarios, y el pasaje de tareas a empresas privadas que precarizan el empleo pero resultan más caras que los trabajadores genuinos presupuestados. Para los usuarios, continúan las explicaciones tardías e incompletas, continuando con la pérdida de servicios y la exclusión de los trabajadores y jubilados, empujándolos hacia empresas privadas o autómatas.

De acuerdo a la información aportada a Crónicas por el dirigente sindical Álvaro Legaspi, “la implementación del producto Bantotal, de la empresa De Larrobla y Asociados-DL&A- por parte de IBM, ha aumentado considerablemente del costo del proyecto inicial,  de más de U$S 80.000.000 (ochenta millones de dólares)- y también se han extendido los plazos originales, pasando de 3 a 5 años”

Explicó que “la adjudicación se realizó por Contratación Directa por Excepción, invocando el BROU los Numerales 22) y 8) del Literal C) del Artículo 33 del TOCAF, por tratarse de un bien o servicio que impacta en la competitividad y que la misma exigía mantenerse en secreto, lo que fue aprobado en sesión del 29 de enero de 2014 por el Tribunal de Cuentas de la República”.

En otro pasaje dijo que, haciendo mención a los tiempos, el acuerdo con la empresa actual debía terminar a fines de 2016.

“El entonces Gerente General del Banco República, Daniel García Aspiroz, quien previo a ocupar ese puesto fue el responsable de la División Tecnología y Operaciones dela entidad estatal, donde el 50 por ciento del personal pertenece a empresas privadas, manifestaba en julio de 2014, que se había optado por el producto de De Larrobla porque clientes de la firma le habían asegurado que “los proyectos duraron el tiempo que se esperaba que duraran”, ya que “el banco no podía permitirse ir más allá de la fecha de finalización del sistema heredado sin que el proyecto se terminara”

“Lo cierto es que el proyecto, que comenzó en 2014 y debía  finalizar en junio de 2017, no culminará antes de 2019. García Aspiroz renunció en noviembre de 2014 al cargo que desempeñó como Gerente General desde marzo de 2013, hoy es coordinador en la Agencia  de Compras y Contrataciones del Estado. En diciembre de 2013 el BROU adjudicó a DL&A el cambio de Core. La resolución  del Tribunal de Cuentas de la República, en 2016, que aprueba el aumento del monto original de la contratación establece que “existen riesgos de que el Banco incurra en incumplimientos futuros por no poder adecuarse a los plazos originalmente previstos debido al nuevo escenario de la Ley de Inclusión Financiera”, a lo que se sumó que: “se verificaron dificultades en la ejecución del proyecto,  que pusieron en riesgo los objetivos del mismo,  dificultades que  se originaron en la propia complejidad del proyecto, la adaptación de las partes (Banco, IBM y De Larrobla & Asociados), las debilidades en las capacidades de los proveedores y la existencia de circunstancias supervivientes e imprevisibles (impacto de la Ley Nº 19.210 del 29.04.14 de Inclusión Financiera)”.

Estos hechos determinaron que, finalmente, el costo del proyecto se fijara en U$S110:379.955 (IVA incluido), más todos los costos e inversiones inherentes al mismo, desde consultorías, extensión horaria a 8 horas de los funcionarios, alquiler de pisos enteros. En el caso de los alquileres, pese a disposición edilicia de locales propios, los uruguayos pagamos por 2 pisos en el Edificio Mapfre, desde julio de 2015 hasta marzo de 2018, más de 1 millón de dólares  por concepto de alquiler más gastos.

¿Cómo es que el Directorio del Banco República, que depende directamente del Ministerio de Economía, no sabía que se iba a aprobar la Ley de Inclusión Financiera, redactada por el propio Ministerio de Economía-con una participación importante del actual presidente del Banco, Jorge Polgar?, resulta un misterio.

Según García, la ley de inclusión financiera incidió en la necesidad de ser más flexibles y estar mejor conectados a “nuestra plataforma multicanal”. Condicionados por el Banco Mundial, creador de esta ley bajo la excusa de combatir la pobreza,  que impone que los trabajadores y jubilados aporten obligatoriamente dinero al sistema financiero y a sus socios privados, los uruguayos estamos pagando cifras millonarias como la del cambio de Core en el Banco país. 

Estos cambios permiten el control del dinero de los uruguayos por parte de los bancos y de las empresas de informática, así como de la información que gentilmente se le proporciona a las empresas privadas, como CPA FERRERE, con la privatización de parte del Análisis de Crédito, -que evalúa la capacidad de pago de un cliente corporativo-, pagando salarios miserables a sus empleados, y quien también le vende al banco herramientas informáticas, así como participó de la implantación del Proyecto Core,  a partir del servicio de “Software Quality Assurance” (control de migración de datos y control de convivencia entre el nuevo sistema y el anterior).

A través de las privatizaciones de las tareas bancarias y del cierre de cajas al público y el cierre de dependencias, los grandes beneficiados han sido los corresponsales como ABITAB (con sus donaciones a la campaña electoral del Gobierno) y RED PAGOS, cuya auditoría externa es realizada por la empresa de la familia de Pablo Moyal, director del Brou (quien debió renunciar producto de las denuncias realizadas por el sindicato), ambos facturando al Brou, más de un millón de dólares por mes por concepto de comisiones”.

Otras Denuncias

En la denuncia agregan que “por otro lado, tenemos a GEOCOM, con su Pos 2000, vinculado al hijo del Presidente de la República, así como a DL&A, lo que el propio Javier Vázquez anuncia en su web. En 2008, Mariano De Larrobla, director de la empresa, estuvo de gira con el presidente Vázquez por el Caribe y México. De hecho, en esa gira cerró negocio con Venezuela por U$S 100 millones, más precisamente, con la banca pública venezolana.

También De Larrobla de DL&A y Nicolás Jodal, de Genexus, participaron junto a Danilo Astori de una gira oficial por Nueva Zelanda, Vietnam y Malasia, a fines de 2007.

Mientras, por decisión de este Gobierno (2006) se factura IVA sobre el crédito social, lo que encarece los préstamos, y se pagan cifras millonarias de comisiones a las redes de cobranza, la educación y la salud continúan postergadas. Las empresas del estado son descuartizadas, se privatiza el agua, la tierra y, en definitiva, nos quedamos sin soberanía.

Los trabajadores del estado, servidores públicos, tenemos una responsabilidad con los uruguayos, continuaremos denunciando el despilfarro del dinero de los uruguayos mientras se privilegia a la banca privada extranjera y a las empresas que acumulan ganancias mientras empobrecen a la gente.

Respecto a los problemas que la implementación del nuevo sistema informático pueda aparejar, informamos a la población que no es responsabilidad de los trabajadores, quienes damos lo mejor de nosotros para brindar el mejor servicio posible, en la situación generada por políticas donde los trabajadores y los uruguayos en su conjunto, no son tenidos en cuenta.